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Desde las reformas operadas por el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, se ha eliminado la posibilidad de que los asuntos accedan al tribunal de casación por razón de cuantía.
Actualmente, la regla general es que hay que acreditar interés casacional, excepto si trata de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo. Por ello, y todavía con más motivo, es una irresponsabilidad acudir al recurso de casación sin un profundo conocimiento técnico de la materia.
La mayoría de los recursos de casación se estrellan frente al rigorismo técnico que requiere acudir al Tribunal Supremo. Incluso aquellos que podrían tener una fundamentación sólida, y por tanto dar un vuelco radical al resultado final del litigio, fenecen por la falta de especialización y experiencia de muchos despachos, que acuden al recurso de casación con la equivocada idea de que están ante una suerte de tercera instancia, en la que cabría revisar una vez más el caso.
El primer reto que supone la interposición del recurso de casación es conseguir su admisión a trámite. La mayoría de los recursos no superan el riguroso filtro de admisión, pues se presentan con desconocimiento de cómo funciona este sistema de escrutinio selectivo, y los engranajes que determinan su viabilidad. Es fundamental demostrar que el asunto que se presenta ante el Alto Tribunal tiene un interés casacional incuestionable, y que merece ser examinado para que la Sala ejerza su función nomofiláctica.
El recurso de casación civil puede interponerse contra las resoluciones que sean recurribles conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se denuncie una infracción de una norma procesal o sustantiva y, con carácter general, exista interés casacional. Por ello, antes de recurrir resulta esencial analizar tanto la resolución como la concreta infracción jurídica que se pretende plantear ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.
No basta con considerar que la sentencia es jurídicamente incorrecta. El recurso debe dirigirse contra una resolución susceptible de casación, presentarse dentro de plazo, identificar correctamente la infracción procesal o sustantiva y cumplir las exigencias formales del escrito. Además, salvo las excepciones legalmente previstas, debe justificarse el interés casacional y por qué resulta necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la cuestión planteada. La técnica utilizada para formular y estructurar el recurso es, por tanto, determinante en la fase de admisión.
La recurribilidad debe analizarse conforme al artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y atendiendo a la resolución concreta, al procedimiento del que procede y al cauce casacional que pretende utilizarse. No toda resolución desfavorable puede acceder al Tribunal Supremo. Por ello, uno de los primeros pasos antes de preparar una casación consiste en comprobar que la resolución reúne los presupuestos legales de recurribilidad y que existe una cuestión jurídica susceptible de ser planteada en casación.
El recurso de casación civil debe interponerse ante el tribunal que haya dictado la resolución impugnada dentro de los veinte días siguientes a su notificación. El plazo obliga a realizar con rapidez el estudio de viabilidad, ya que antes de presentar el recurso es necesario identificar las infracciones que pueden denunciarse, analizar el interés casacional y construir adecuadamente los motivos.
Entre los problemas que pueden determinar la inadmisión están recurrir una resolución que no tiene acceso a casación, presentar el recurso fuera de plazo, incumplir sus requisitos formales o de contenido, formular incorrectamente las infracciones denunciadas o no justificar suficientemente el interés casacional cuando este resulta exigible. La casación no constituye una tercera instancia y el Tribunal Supremo controla de forma específica el cumplimiento de los presupuestos del recurso.
El interés casacional debe justificarse a partir de la cuestión jurídica que se somete al Tribunal Supremo y del supuesto legal que permite apreciar su existencia. No es suficiente con afirmar que la resolución recurrida es perjudicial para la parte. El recurso debe explicar de manera precisa por qué la cuestión planteada presenta relevancia casacional y por qué resulta procedente un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
La casación civil no está concebida como una nueva instancia en la que pueda reproducirse íntegramente el litigio. Su finalidad se centra en controlar las infracciones jurídicas susceptibles de casación. Por ello, la estrategia debe construirse sobre cuestiones jurídicas concretas y no sobre una simple discrepancia fáctica con la valoración del asunto efectuada por los tribunales de instancia.
Sí. La intervención de un especialista en casación puede limitarse al análisis de viabilidad y, en su caso, a la preparación técnica del recurso, manteniendo la colaboración con el abogado que ha dirigido el procedimiento hasta ese momento. De hecho, conocer en profundidad los antecedentes y la estrategia seguida en las instancias anteriores resulta especialmente útil para identificar las cuestiones que pueden tener acceso al Tribunal Supremo.
Sí, cuando se trate de un proceso que lleve aparejado el lanzamiento. El demandado debe acreditar las rentas vencidas y abonarlas, estando, por tanto, al corriente de pago durante el recurso. Recurrir no permite dejar de pagar. Además, la sentencia debe reunir los requisitos para acceder a casación.
Sí. Si la sentencia condena al propietario a pagar cantidades debidas a la comunidad, debe acreditarse el pago o la consignación de la cantidad líquida de la condena al interponer el recurso. Este requisito es independiente de que existan argumentos jurídicos para recurrir y no impide una eventual ejecución provisional.
Si la sentencia omite manifiestamente resolver una pretensión formulada y debatida, debe examinarse el complemento del artículo 215 LEC, que prevé cinco días para solicitarlo. No sirve para cambiar una decisión desfavorable. Pedir la reparación cuando proceda es relevante para preservar una posterior denuncia de infracción procesal en casación.
